Obispo de Palm Beach
Mensaje Del Obispo de Palm Beach
LA PENA DE MUERTE ES GRAVEMENTE INMORAL, INADMISIBLE Y DEBE SER ABOLIDA
Por Monseñor Manuel de Jesús Rodríguez
En 2025, el estado de Florida ejecutó a 19 seres humanos mediante la pena de muerte, lo que representó aproximadamente el 40 % de las 47 ejecuciones llevadas a cabo en los Estados Unidos. Sus 19 ejecuciones fueron más del doble de su anterior récord anual de ocho. Hasta el día de hoy, 13 de las 23 ejecuciones realizadas en los Estados Unidos en 2026 —aproximadamente el 57 %— han tenido lugar en Florida. Sumadas a las 19 ejecuciones de Florida en 2025, esto significa que el estado ha llevado a cabo 32 ejecuciones desde comienzos de 2025. El 28 de julio de 2026, Florida ejecutó a dos personas el mismo día, algo que el estado no había hecho desde el 12 de mayo de 1964. Fue, por tanto, la primera ejecución doble en Florida en 62 años y la primera en el estado desde el inicio de la era moderna de la pena de muerte en 1976. ¿Es correcto hacer todo esto? ¿Son realmente buenas y justas todas estas ejecuciones?
Recientemente tuve una conversación muy interesante sobre este tema urgente con un numeroso grupo de nuestros jóvenes adultos que se reunieron para su encuentro mensual de Theology on Tap. Permítanme compartir con ustedes un breve resumen de algunas de las ideas que conversé con ellos.
La enseñanza actual de la Iglesia Católica es clara: la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona humana. Por esta razón, la Iglesia está firmemente comprometida con su abolición en todo el mundo. El Papa Francisco lo expresó inequívocamente en Fratelli Tutti: «No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura».
La vida humana es sagrada porque proviene de Dios. Esa dignidad no se pierde cuando una persona comete un delito grave —incluso un crimen atroz—. La gravedad de una ofensa no elimina la humanidad del culpable ni suprime la posibilidad del arrepentimiento, la conversión y
la redención. Como afirmó el Papa san Juan Pablo II, incluso un asesino no pierde su dignidad personal.
La enseñanza de la Iglesia sobre la pena capital se ha desarrollado a lo largo del tiempo. La tradición católica siempre ha reconocido la autoridad legítima del Estado para castigar delitos graves, proteger a la sociedad y promover el bien común. Las enseñanzas anteriores no excluían de manera absoluta la pena de muerte, particularmente en circunstancias en las que se consideraba necesaria para defender la vida humana frente a un agresor peligroso.
Al mismo tiempo, la Iglesia ha rechazado constantemente la venganza. El castigo debe estar regido por la justicia, la proporcionalidad, la seguridad pública y el respeto a la dignidad de la persona. Cuando sea posible, también debe dejar espacio para la rehabilitación moral y espiritual del delincuente. Esta posición anterior estaba reflejada en la formulación original del número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí se afirmaba que la enseñanza tradicional no excluía recurrir a la pena de muerte cuando esta fuera «el único camino practicable para defender eficazmente de la agresión injusta la vida de los seres humanos». Sin embargo, inmediatamente añadía que, cuando los medios incruentos son suficientes para proteger a la sociedad, la autoridad pública debe limitarse a esos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.
El camino hacia la abolición, por tanto, no surgió del rechazo de la preocupación de la Iglesia por la justicia o la seguridad pública. Más bien, se desarrolló a partir de una comprensión más profunda de la dignidad permanente de toda persona humana y del reconocimiento de que las sociedades contemporáneas cuentan con medios eficaces para proteger al público sin ejecutar a los delincuentes.
El Papa san Juan Pablo II dio un impulso decisivo a este desarrollo en Evangelium Vitae. Enseñó que la autoridad pública debe utilizar medios incruentos cuando estos sean suficientes para proteger a la sociedad, ya que dichos medios corresponden más plenamente al bien común y a la dignidad de la persona humana. Posteriormente, el Catecismo señaló que, dado que el Estado tiene la capacidad de hacer inofensivos a los delincuentes sin privarlos definitivamente de la
posibilidad de redimirse, los casos de absoluta necesidad son «muy raros, si no prácticamente inexistentes».
El número 2267 revisado del Catecismo expresa el juicio actual de la Iglesia: «La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona». Esta enseñanza no es simplemente una conclusión práctica basada en la existencia de las cárceles modernas. Se fundamenta en una verdad moral más profunda: incluso la persona culpable del crimen más terrible continúa siendo creada a imagen y semejanza de Dios. El crimen debe ser condenado, el delincuente debe responder por sus actos y la sociedad debe ser protegida. Pero la dignidad humana no puede ser borrada por el mal cometido.
El Papa Francisco ha llevado adelante este desarrollo con particular claridad. En 2014 afirmó que es imposible imaginar un Estado moderno que carezca de otros medios distintos de la pena capital para proteger a sus ciudadanos de un agresor injusto. También subrayó el peligro del error judicial y el abuso de la pena de muerte por parte de regímenes totalitarios contra opositores políticos y minorías religiosas o culturales.
En Fratelli Tutti, el Papa Francisco escribió: «Hoy decimos con claridad que “la pena de muerte es inadmisible” y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo».
También hizo un llamado a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad a trabajar por la abolición de la pena de muerte —ya sea impuesta legal o ilegalmente— y a mejorar las condiciones de las cárceles de manera que se respete la dignidad de las personas privadas de libertad.
Oponerse a la pena de muerte no disminuye el sufrimiento de las víctimas ni la necesidad de que exista responsabilidad por los delitos cometidos. La Iglesia debe acompañar a las víctimas y a sus familias, exigir castigos proporcionales y apoyar la responsabilidad del Estado de proteger a la sociedad. Sin embargo, la justicia nunca debe convertirse en venganza. Incluso una persona culpable del crimen más grave conserva una dignidad dada por Dios que ninguna ofensa y ninguna autoridad humana pueden quitarle.
Además, la pena de muerte conlleva el peligro irreversible de un error judicial: una vez que una persona ha sido ejecutada, ningún descubrimiento posterior de su inocencia puede devolverle la vida. Por tanto, una cultura coherente de la vida defiende tanto a las víctimas inocentes como a los condenados a muerte —no porque sus situaciones sean moralmente equivalentes, sino porque toda vida humana permanece siendo sagrada—.
Esta convicción tiene una particular urgencia en Florida. Como los obispos de Florida reafirmamos en nuestra carta pastoral del 27 de julio de 2026, los católicos estamos llamados a dar un testimonio coherente de la sacralidad de la vida humana, incluida la vida de quienes han sido condenados a muerte.
Por ello, invito a todos los católicos de la Diócesis de Palm Beach a trabajar pacífica, intensa y perseverantemente por la abolición de la pena capital, mientras apoyamos a las víctimas, protegemos a la sociedad, promovemos condiciones humanas en las cárceles y alentamos el arrepentimiento y la rehabilitación.
La pena de muerte es inadmisible porque contradice la inviolabilidad y la dignidad de cada persona humana, dignidad que proviene de Dios.
El Evangelio nos llama a vivir una justicia sin matar, una responsabilidad sin crueldad y una misericordia que nunca abandona la verdad.
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Monseñor Manuel invita a los lectores a enviar sus comentarios y reflexiones: bishopofpalmbeach@diocesepb.org.
